Paso importante del gobierno de Puerto Rico sobre el caso de asesinato de Santiago Mari Pesquera

El Superintendente de la Policía de Puerto Rico le envió a James B. Comey, Director del FBI en Washington D.C. una carta el 11 de febrero de 2014 donde le hace constar que a 38 años del crimen la Policía de Puerto Rico no ve ninguna razón que justifique que continúe la excepción del Freedom of Information Act (FOIA) en el caso de asesinato de Santiago Mari Pesquera. Por tal razón solicita que se levante la prohibición de dar a conocer los documentos para tener acceso completo a la información y que se puedan clarificar las circunstancias que rodearon el histórico caso. La propia Policía de Puerto Rico había solicitado la exclusión del caso del FOIA según consta en un Memo enviado por el FBI en San Juan al Director del FBI en Washington el 26 de marzo de 1976, a dos días del asesinato.

Después de la reapertura del caso en 1985, este es el paso más importante que ha tomado el gobierno de Puerto Rico para adelantar la investigación del asesinato de Chagui.

En múltiples ocasiones, tanto la familia como el Departamento de Justicia de Puerto Rico, han requerido de las agencias federales los documentos que contienen información sobre el caso pero el gobierno federal se niega argumentando que la información está exenta de ser revelada por una orden ejecutiva.

En el memo del FBI que se obtuvo en 1996 mediante una acción del Center for Constitutional Rights de Nueva York se establece lo siguiente:

la Policía de Puerto Rico, mediante comunicación escrita, le requirió formalmente al FBI que todos los récords, documentos o información en cualquier forma que esta agencia (Policía de Puerto Rico) le haya dado al FBI sea específica y absolutamente exenta de cualquier revelación en lo que respecta al ’Freedom of Information Act‘ y sus enmiendas y al ’Privacy Act’ de 1974. De acuerdo con esto, cualquier agencia que reciba subsiguientemente esta información está considerada obligada por esta solicitud”. (Traducción nuestra)

 

Siendo la Policía de Puerto Rico la que originó la petición de secretividad es singularmente importante que la misma agencia solicite que se levante la prohibición.

También resulta significativo que el Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda Rodríguez, al solicitar al Superintendente Caldero que enviara la carta al FBI, le explicó que:

se está auscultando el ángulo de una posible conspiración para cometer dicho asesinato, razón por la cual resulta necesario solicitar al Negociado Federal de Investigaciones (FBI}, documentos en su poder”.

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Misión

Esclarecer
por completo los asesinatos políticos cometidos por individuos apoyados o dirigidos por instituciones del gobierno, como la Policía de Puerto Rico, el FBI y el espionaje militar, incluyendo la Inteligencia Naval de Roosevelt Roads.

Desenmascarar
todo el encubrimiento político e institucional del Gobierno de
Puerto Rico y el de Estados Unidos, desarrollado durante décadas para
esconder los responsables de estos crímenes, en complicidad con algunos
sectores privados de nuestra sociedad.

Crear conciencia
sobre la atrocidad de los asesinatos políticos y la
necesidad de que nunca jamás vuelvan a ocurrir.